Soy un dramaturgo
y los registros de habla, los circunloquios,
las contradicciones lingüísticas y esas cosas me fascinan. Qué se le va
a hacer, gajes del oficio. Cada vez que me cruzo con la desgrabación de algo,
la leo a pie juntillas. Por favor, lean lo que sigue es un paso de comedia
desternillante.
Con un discurso para cada
ocasión
Al
comparecer ante la jueza Elena Liberatori, el ministro de Educación porteño
admitió que no conocía el taller de El Eternauta y que tampoco le consta que
haya un delito. El registro de la audiencia con la magistrada revela las
contradicciones del funcionario.
Por Werner Pertot
Los
funcionarios PRO se envalentonan en público, pero luego se desdicen ante la
Justicia. Esa es la conclusión a la que se puede llegar al ver el video de la
audiencia judicial de la que participó Esteban Bullrich esta semana por el
0800. El ministro de Educación tuvo que admitir allí que no conocía el taller
de El Eternauta, que no era del “Nestornauta” y que no le consta que haya un
delito. El funcionario dijo que “había una necesidad” del 0800, pero luego
entregó a la Justicia un informe en el que hace un balance de los 7744 llamados
recibidos: más de la mitad colgaron antes de dejar un mensaje y el 97 por
ciento no tiene relación con la “intromisión política”. Sólo 223 llamadas
pudieron ser catalogadas así por los macristas. Sobre ellas, la jueza Elena
Liberatori podría dictar nuevas medidas si no se trata de delitos tipificados.
Liberatori
restringió esta semana el uso del 0800 que lanzó la gestión PRO: sólo podrá
recibir denuncias penales. Antes, escuchó a Bullrich en una audiencia y recibió
de la gestión PRO un informe y un protocolo de funcionamiento del 0800. “Por
abrir un canal de comunicación, tengo que ir frente a un juez, mientras tanto
los que curran siguen libres”, se quejó Bullrich a la salida del juzgado. Sin
embargo, dentro de los tribunales las cosas fueron bien distintas.
El otro video
Este diario
accedió a la filmación de la audiencia, en la que la jueza interrogó al
ministro durante cerca de 50 minutos.
Libertatori:
–¿Cuáles fueron los hechos puntuales que llevaron a la decisión?
Bullrich:
–A partir de la publicidad de los talleres, dos directivos de la Escuela
Urquiza y de la escuela Provincia de Corrientes expresan su preocupación
respecto de que La Cámpora se había acercado a ofrecer el taller. Se planteó el
0800 para informar sobre este delito.
L.: –¿Me puede
aclarar la palabra “delito”?
B.: –La utilización
de fondos públicos para acciones partidarias está penada por la ley.
L.: –Pero cuando
hablamos de un “delito” es porque hay cosa juzgada. Si no, no hay delito.
B.: –Perdón. La
posibilidad de un delito.
L.: –Si yo mato a mi
vecino, nadie habilita una línea telefónica. Lo correcto es que intervenga la
Justicia penal.
B.: –Está el 911.
L.: –El 911 es una
línea de la policía. Usted es el ministro de Educación. No se encarga de los
delitos.
B.: –Si se comete en
una escuela, es un área de mi responsabilidad.
L.: –¿Tiene un
dictamen de la Procuración que le diga que se está cometiendo un delito “in
fraganti”?
B.: –Ante esta
posibilidad de delito que existía...
L.: –Veo que utiliza
de nuevo el rótulo de “delito”. No estamos en una conversación social o
familiar. Así que le pregunto: ¿Acudió a la Procuración General?
B.: –Acudí a la
dirección legal del Ministerio. No hay un dictamen de Procuración. Pero se
ofrece el taller de La Cámpora...
L.: –Primero tenemos
que saber si estamos en presencia de un delito. Para eso hay que acudir a los
jueces penales.
B.: –Nosotros no
vamos a tomar una determinación legal, sino derivar la denuncia.
L.: –¿La objeción
suya al taller cuál es?
B.: –Si se prueba que
se utilizó en forma partidaria fondos públicos es un delito.
L.: –¿Cuál delito?
B.: –La utilización
partidaria...
L.: –Los delitos
tienen una tipificación en el Código Penal. ¿Cuál es el artículo?
B.: –En la Ley de
Partidos Políticos, la utilización de fondos públicos.
L.: –¿La Ley de
Partidos Políticos...?
El abogado que
presentó la denuncia, Roberto Boico, señaló luego que no hay una tipificación
de delitos en esa ley.
El Eternauta
Cuando le
preguntaron por el taller de El Eternauta, Bullrich dio marcha atrás con la
idea de que era “jugar al Nestornauta”, algo que había afirmado en un
noticiero.
L.: –¿El juego en qué
consiste?
B.: –Es jugar al
Eternauta con el objetivo de generar una toma de decisiones y el concepto de
ciudadanía. Sinceramente, no lo jugué. Pero si se reemplaza una hora de
geografía por un taller...
L.: –¿Los talleres no
los dan gente capacitada?
B.: –La denuncia
pública era que eran gente de La Cámpora.
L.: –¿Esto consta en
alguna parte? Es una entelequia... “Unos jóvenes...”
B.: –En el caso de la
denuncia, eran jóvenes universitarios...
Con “la denuncia”,
Bullrich se refiere a versiones periodísticas, dado que el gobierno porteño no
tomó medidas para averiguar si eran verdad antes de lanzar el 0800. La jueza le
preguntó a Bullrich por qué no utilizó la vía jerárquica, a través de los
directores de escuela.
L.: –Usted como
ministro está comunicado con los directores de los establecimientos, que
deciden que el taller se haga o no.
B.: –Lamentablemente,
no hay una garantía de que eso suceda. Por ahí no saben que se está cometiendo
un delito.
L.: –Estamos girando
en falso con lo del “delito”. Si hay un delito, el mecanismo es acudir a la
Justicia penal.
B.: –Para esto se generó
una comunicación mejor con los directores.
L.: –Entonces, ¿por
qué es público el 0800?
B.: –Es para los
padres, los familiares.
L.: –¿Cómo tiene
garantía que es el padre?
B.: –Una vez que se
evalúa el llamado, se convocará al padre legalmente.
L.: –Es un mecanismo
de denuncia que funciona en forma anónima.
B.: –No funciona en
forma anónima. La persona tiene que dejar los datos.
L.: –Yo llamé. No
piden los datos.
La cara de
sorpresa de Bullrich dura algunos segundos. “Si no hay datos, no se procesa el llamado.
Muchos dejan los datos”, afirmó. Sin embargo, el protocolo que presentó ante la
jueza contradice lo que dijo en la audiencia. “No se requerirá al denunciante
su identificación, por lo que las denuncias podrán hacerse en forma anónima”,
dice el documento del Ministerio de Educación. “En ningún caso se procederá a
realizar una captura de datos personales, nombre y apellido, DNI, dirección
personal, teléfono, etcétera. Estos datos para el ministerio son irrelevantes”,
afirma.
L.: –¿Qué porcentaje
de información útil han rescatado?
B.: –Estaba haciendo
falta el canal de comunicación, lo que se ve por la cantidad de llamados.
0800 fracaso
“¿Qué efectividad
hay en esa cantidad de llamados?”. Bullrich esquivó la pregunta de la jueza,
pero el dato apareció en el informe que le presentó por escrito. El Ministerio
de Educación le negó el acceso a este documento a Página/12. Tenía sus razones
para ocultarlo: el informe señala que entre el 16 y el 29 de agosto recibieron
7744 llamadas, de las cuales 4315 fueron personas que cortaron sin dejar
mensaje. Es el 55,7 por ciento. De las 3428 llamadas que sí dejaron mensajes,
el 89,86 por ciento cayó en la categoría “otros”. De ese porcentaje ampliamente
mayoritario, un 29,9 por ciento eran insultos. El informe deja en claro que los
operadores del call center funcionaron sólo el primer día debido a la cantidad
de insultos de recibían. Por eso se optó por dejar funcionar sólo el
contestador.
Hubo otras
llamadas referidas a problemas de infraestructura, seguridad, calidad educativa
y maltratos en las escuelas. Sobre “intromisión política” hubo un total de 233
llamadas. “Hay denuncias realizadas desde Tucumán, Mendoza, Córdoba,
Corrientes, provincia de Buenos Aires, Mar del Plata, Tigre y Vicente López”,
dice el informe. En el documento del ministerio evalúan esto como “positivos
resultados”.
El
protocolo indica una clasificación de los llamados, que son derivados “al área
responsable del tema”, pero no queda en claro cuál es el área del gobierno
porteño que se ocupa de la “intromisión política”. Lo único que acota el
documento es que “se evaluará la procedencia de la realización de una denuncia
de tipo penal”. También detalla que todo el material de audio del 0800 será
almacenado digitalmente. “La copia de información sobre ‘intromisión política’
es el mantenimiento de la persecución política”, consideró el abogado Roberto
Boico, que hará una nueva presentación en la causa.
Publicado hoy en Página 12
