Nada está perdido

Carta Abierta

Febrero de 2016

La situación del país es insólita, pero en modo alguno desesperante: el campo popular superó momentos mucho peores. Además, toda Latinoamérica sufre esta etapa avanzada del colonialismo corporativo. Por suerte, frente a las horribles tragedias de nuestros hermanos, hasta el presente no llevamos la peor parte ni mucho menos.

No obstante, no dramatizar no significa subestimar el panorama argentino actual, que es de caos institucional (gobierno por decretos-leyes, incluso en materia penal y tributaria; despidos masivos e indiscriminados de funcionarios; distribución centralizante de la coparticipación federal; designación de jueces supremos por decreto; clarísima usurpación de competencias del Congreso; amenaza a la autonomía del Ministerio Público; desbaratamiento del AFSCA; supresión de toda disidencia en los medios de comunicación; endeudamiento e inflación; devaluación acelerada del salario real; extorsión manifiesta al sindicalismo; y un largo etcétera).

El Poder Judicial complica más las cosas: los jueces cercanos al campo popular son estigmatizados como militantes ; los que consienten y legitiman el caos institucional, son los imparciales o políticamente impolutos. En poco tiempo se acentuará el desprestigio del Poder Judicial, cuyo grueso lo compone una masa silenciosa que, dentro de todo, hace bastante bien las cosas. Es muy posible que en el futuro sea el chivo expiatorio, sobre el que recaiga la totalidad de la responsabilidad de este caos institucional.

Si bien las cuestiones institucionales no provocan movilizaciones masivas, las tropelías institucionales preanuncian siempre atropellos de otro orden que, por otra parte, se advierten discursivamente sin tapujos. A este caos institucional se suma la torpeza política, con una tónica general que no puede menos que recordar la prepotencia de la revolución fusiladora. La prisión de Milagro Sala es ordenada por una justicia manipulada impúdicamente con tal grado de descaro, que ni siquiera al recordado Menem se le pudo achacar.

No se trata sino de una clarísima muestra de grosería política revanchista. Al escándalo de pretender que la protesta configura sedición, se suma el injustificado requerimiento previo de fuerzas federales que ha costado 43 vidas. (En perspectiva regional no es descabellado calcular 43 + 43 = 86, pues tanto a los normalistas de Ayotzinapa como a nuestros gendarmes los podemos poner a la cuenta de los virreinatos del colonialismo avanzado). El papelón internacional de la Argentina con este caso es considerable y nos afecta a todos los ciudadanos.

La exigencia transnacional de intervención de Fuerzas Armadas con pretexto de combate al narcotráfico, conforme a la experiencia regional, pone en riesgo la Defensa Nacional, pero implica también una intimidación pública, de la que forma parte el renacimiento de procedimientos policiales archivados hace años. Torpeza política, control de medios, movilización de fuerzas federales, riesgo para las Fuerzas Armadas de la Nación, intimidación pública, manipulación judicial y caos institucional generalizado, forman un cocktail de alto y peligroso poder embriagante, debilitante de frenos inhibitorios. Frente a esto, muchos ciudadanos –y en particular los más jóvenes- preguntan: ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer?

No soy la persona indicada para proporcionar esa respuesta, dado que no es jurídica ni institucional, sino política y, por ende, esa naturaleza indica que deben proporcionarla los políticos. Pero los políticos del campo popular aún están shockeados. No saben bien qué hicieron mal. Creo que no han hecho nada demasiado mal; quizá no admitieron que algunas tazas molestas se podían reacomodar en el armario. No contaron con la versión local de monopolio mediático propio de nuestra región (no tolerado por ninguna de las democracias del mundo desarrollado) y que, como parte de las corporaciones transnacionales, aprovecharía ese flanco para estafar a alguna gente, haciéndole creer que el cambio se limitaría a remover algunas tazas de una posición que les resultaba antipática. El error táctico fue no moverse con la rapidez necesaria para mostrar que no venían a cambiar de posición las tacitas, sino a romper el armario.

Pero nuestros políticos parece que comienzan a reaccionar, como crecientemente se les reclama; la reunión de gobernadores es prometedora. En breve volverán a ser protagónicos si dejan de pasarse facturas y postergan el internismo, que es el cáncer de los partidos del campo popular, como lo demuestra el espejo del radicalismo.

Sería suicida distraerse con el internismo y alejarse del Pueblo, pues pelearían por un armazón vacío: toda estrategia y táctica popular debe priorizar la respuesta al Pueblo. Pero en tanto terminen de salir del estupor y asuman la función natural de conducción y orientación, debe primar la prudencia. Nuestro Pueblo no está indefenso. La pretensión de una construcción mediática de realidad única, está condenada al fracaso. La tecnología comunicacional actual no es la de 1955 ni la de 1976. Además, no faltará en el propio campo mediático empresarial quien aproveche la demanda de al menos el 50% del mercado: si medio mercado (con perspectivas de aumentar) demanda galletitas, alguien las ofrece.

Las plazas no cesarán; en este caso no es verdad que la gente se cansa. Las cesantías masivas en la administración de miles de funcionarios, los convierte mecánicamente en militantes. Y dentro de escasos meses se sumarán las otras víctimas de este descalabro de concentración de riqueza y de crecimiento de lo único que harán crecer: el coeficiente de Gini, o sea la desigualdad social.

Esa militancia necesita conducción, orientación y también contención de los políticos, ante todo porque debemos cuidar la vida de nuestra gente. Deben conducir porque debe contenerse a cualquiera que se descontrole y detectar a los provocadores. Ni la menor violencia debe salir del campo popular, porque la están esperando para reprimir, y para la represión son todavía más torpes que en lo político, que es decir. No debe olvidarse que la violencia nunca fue propia del campo popular, sino de sus enemigos : los sucesivos virreinatos destrozaron la modesta vivienda de Yrigoyen, anularon la elecciones de Pueyrredón-Guido, fusilaron en las dictaduras de 1930 y 1955, derogaron una Constitución por bando militar, convocaron a una Constituyente sin Congreso, bombardearon la Ciudad de Buenos Aires y ametrallaron a los trabajadores, destituyeron jueces masivamente, sancionaron el decreto 4161, proscribieron partidos mayoritarios, impusieron penas validas del estado de sitio, anularon las elecciones de 1962, encarcelaron a presidentes electos por voto popular, sometieron civiles a juicios militares, asesinaron y desaparecieron a decenas de miles de personas, robaron bebés, se autoamnistiaron, y hoy provocan el caos institucional.

A toda costa se debe impedir cualquier pretexto que permita legitimar la represión. La protesta debe canalizarse orgánicamente, con conducción y contención, agotando todas las medidas legales, ocupando todos los espacios de libertad que tenemos por ley y Constitución. La lucha no violenta es de valientes, no de timoratos ni medrosos, porque no evita la violencia de los otros, sino que la deja en descubierto y los deslegitima y debilita. Se trata de la vieja técnica oriental: la defensa consiste en usar la fuerza del contrincante para debilitarlo.

Los defensores de la violencia suelen ironizar respecto de Gandhi, recordando que los ingleses victimizaron a miles de personas en la India, que luchaban pacíficamente. La idealización de la violencia, en la que se nos educa desde niños, les impide calcular el tiempo que hubiese durado y los millones que hubiesen perecido si la lucha por la independencia de la India hubiese sido violenta. ¿O se olvidan que los colonialismos son impiedosos? Pero la lucha contra el caos requiere orden y organización: La organización vence al tiempo, decía Perón. Es menester conducción y organización, para que todo ciudadano, dentro de sus posibilidades, se convierta en creativo, en pensador, en jurista, en difusor, en síntesis, en político. En breve serán pocos los que digan Yo no entiendo ni quiero saber de política. La política es el gobierno de la polis, y a poco andar -y por el camino que adopta este virreinato- todo ciudadano se dará cuenta de que quienes fomentan la antipolítica y se proclaman apolíticos, en realidad quieren ejercer el monopolio de la política, o sea, del gobierno; más que nunca su torpeza va mostrando una opción bien férrea : o nos gobernamos nosotros o nos gobiernan otros. Insisto en que no soy la persona indicada, pero de momento me permito sugerir:

(a) Nada de violencia.

(b) Ocupación de todos los espacios legales y constitucionales para reclamar, denunciar y protestar.

(c) No asumir ningún riesgo inútil.

(d) Reclamar de los políticos que despierten de su schock.

(e) Contención de quien se descontrole y separación urgente de los provocadores.

(f) Utilización de todos los espacios de comunicación.

(g) Postergación de todo internismo.

(h) Privilegio de la función de conducción y orientación popular.

(i) Generosidad con los errores ajenos y corrección de los propios.

(j) La fuerza se vence usando las neuronas, o sea, lo que a la fuerza le falta: la razón.

Hace muchos años, había un busto de Evita en la columnata de entrada al Cementerio de la Chacarita. La dictadura de 1955 lo retiró. El día de difuntos, la gente pasaba y cada uno dejaba una flor en el lugar en que había estado el busto, hasta que se formó una montaña de flores. Aprendamos la lección popular: enterremos la prepotencia del caos institucional bajo una montaña de flores.

Raúl Zaffaroni

Universidades

Por E. Raúl Zaffaroni

Nunca fue tan claro como en este siglo XXI que saber es poder, algo que las elites siempre supieron. En la Argentina nunca tuvimos aristocracia y hoy ni siquiera tenemos oligarquía, sino sólo una aspiración elitista de alguna riqueza concentrada que sintetiza su pensamiento bajo el lema de no avivar giles.

La polarización del siglo XX está sepultada en el pasado y lo que se discute hoy en el mundo es inclusión o exclusión o, en otras palabras, progreso o regresión en la realización de los derechos humanos. Por obvia que sea la fórmula todo ser humano es persona, lo que se discute mundialmente es si avanzamos o retrocedemos en su realización.

Como en nuestro país y en los últimos doce años se están avivando demasiados giles, es verdad que eso es peligroso para el proyecto transnacional de sociedad excluyente.

Cuantos más habitantes sepan y aprendan algo, más instrumentos tendrán para obtener sus derechos, cuando ya no hay zares ni palacios de invierno para tomar, porque el único palacio de invierno de nuestro tiempo es el saber.

Las distancias entre las naciones como entre las capas sociales internas, no las determina sólo la riqueza, sino que se marcan con discriminación en el saber, en la tecnología y en el know how.

Para nuestros propulsores locales del modelo de sociedad excluyente (30 por ciento incluidos, 70 por ciento excluidos), las universidades del conurbano bonaerense y las creadas en las provincias, son peligrosas fuentes de conciencia ciudadana y de reparto del know how.

Al modelo de sociedad excluyente se le impone contener la expansión del saber, para frenar la reproducción de potenciales propulsores de la inclusión social.

Es comprensible que desde el modelo excluyente se quejen de la existencia de demasiadas universidades públicas y gratuitas y las consideren un gasto inútil, aunque si fuesen más sinceros, tendrían que considerarlas un gasto perjudicial, porque son eso para su proyecto de exclusión.

Los argentinos disfrazados de aristócratas siempre resistieron la ampliación del acceso a la universidad, que desde la Reforma Universitaria de 1918 hasta el presente avanza enfrentando sus aspiraciones elitistas.

Es natural que se pongan muy nerviosos al constatar que el 90 por ciento del estudiantado del conurbano es una primera generación de universitarios, que gran parte proviene de hogares humildes, que recorren calles de tierra, que trabajan.

Siempre les molestó la gratuidad de la enseñanza universitaria. Cabe recordar la fugaz gestión de López Murphy en 2001, aunque hoy ese discurso se oculte por poco táctico.

Pero el acceso a la universidad no se garantiza sólo con que la universidad no cobre aranceles, porque es igualmente inaccesible si el estudiante debe pagar transporte, libros y materiales, viajar dos, tres o más horas y también trabajar. Menos aún es accesible para quien en alguna provincia, directamente deba mudarse a otra ciudad.

El no pago de aranceles es necesario para el acceso a la universidad, pero en modo alguno suficiente. Las universidades del conurbano y las nuevas nacionales en provincias, están llevando la enseñanza universitaria hasta donde nunca había llegado: el barrio, la propia ciudad, el municipio.

¡Demasiadas facilidades! ¡Lo gratuito no se valora! ¡Sólo se valora lo que se obtiene con sacrificio! No lo dicen en voz alta nuestros aspirantes a elitistas, pero lo piensan y susurran en la intimidad confidencial favorecida por algunos rubios champanes.

Herbert Spencer, el ideólogo racista del liberalismo económico del imperialismo británico del siglo XIX, decía lo mismo: la enseñanza no debe ser gratuita, porque no se valora y aprenden a leer libros socialistas. Su discurso fue acogido en su tiempo por todas las oligarquías de nuestra región.

¿Sacrificio? Estudiar requiere un esfuerzo que debe exigirse, pero el sacrificio jamás puede exigirse. Los que se sacrifican son meritorios, se los considera héroes y hasta se los eleva a los altares, pero ninguna sociedad puede exigir sacrificios, y menos para capacitarse. ¿O es que los pobres deben ser héroes para aprender y los ricos no?

Lo que alarma a nuestros procónsules del modelo transnacional de sociedad excluyente es, justamente, que estudiar vaya dejando de ser un sacrificio para los sectores subordinados, y tengan el mismo acceso a la formación universitaria que los segmentos acomodados. Con las nuevas universidades sólo se tiende a exigir paridad de esfuerzo, y por eso tienen miedo, no sea que los otros se esfuercen más.

Si nuestras aspirantes a elitistas realmente quisiesen el desarrollo y la afluencia de capital productivo, si en serio pensasen en la industrialización, no considerarían inútil el gasto en universidades, porque el capital productivo requiere elemento humano técnico, bien preparado. Las universidades son una inversión para el desarrollo industrial, pero ellos prefieren abrir la importación.

Aducen nuestros vernáculos imitadores de elites lejanas que hay un despilfarro, porque hay deserción universitaria. Mienten mucho al respecto, pero además, si la hubiera, tampoco sería un gasto inútil. Quienes deserten, de alguna manera llegaron a la universidad y, aunque no egresen como profesionales, serán mañana trabajadores, o también dirigentes, sindicalistas, políticos o empresarios. ¿Será acaso un gasto inútil que hayan pasado por alguna universidad? ¿No será útil que en la actividad que emprendan sepan algo más?

Otra cosa que les preocupa es el nivel, aunque nunca hayan manifestado la misma preocupación por el de las universidades privadas.

Pero al margen de eso surgen otras dudas. ¿Acaso no saben que no hay país en el mundo, por poderoso que sea, que no tenga más que un escasísimo número de excelencias creativas en cada rama del saber, y que los otros docentes universitarios son repetidores más o menos informados? ¿No saben que las pocas cúspides científicas que cada país tiene se reparten y las universidades se especializan?

¿No será que en vez de discutir una cuestión de nivel académico, están discutiendo un modelo de universidad? Si lo que pretenden es una universidad de altísimo nivel, que concentre las excelencias, para que en ella se forme el think tank de una minoría hegemónica, tienen razón, porque ese no es el modelo de universidad pública y gratuita que requiere una democracia.

Por otra parte, parece que también ignoran que buena parte de los científicos y pensadores del mundo que revolucionaron su saber, trabajaron en universidades pequeñas y provincianas, mientras no pocas veces los catedráticos de las grandes universidades les ofrecieron resistencia, en defensa retrógrada del saber oficializado.

Pero además de todo lo dicho, es menester advertir que no estamos solos en este mundo polarizado entre modelos de sociedad incluyente y excluyente y, por ende, los modelos de universidad deben enmarcarse en esa contraposición.

En la carrera de derecho, por ejemplo, la reducción de los estudios del primer ciclo universitario a cuatro años, acordada en el famoso Plan Bolonia europeo, elimina todas las asignaturas que hacen a la formación histórica, sociológica, filosófica y cultural, para producir solamente abogados tramitadores.

Si bien los dos ciclos siguientes habrán de producir a los juristas, éstos serán los menos y, al fin, su trabajo consistirá en reproducir tramitadores. Centrados en esta tarea, es lógico pensar que sus elaboraciones serán cada vez más pobres y mucho menos críticas, limitadas a visiones parciales, tecnocráticas y funcionales a las corporaciones oligopólicas que se disputarán los servicios de los mejores tramitadores. Por ende, la subestimación de nuestras universidades públicas y gratuitas no es una creación intelectual de nuestros aspirantes a elitistas, cuya inventiva sólo les alcanza para copiar discursos ajenos, sino ecos de peligrosas tendencias transnacionales.

La Argentina debe optar en pocas semanas entre dos proyectos: progresión o regresión, inclusión o exclusión social. ¿Preferimos la aspiración elitista fomentada por nuestros medios monopólicos entramados con el capital financiero transnacional, o aspiramos a una sociedad con base total de ciudadanía real?

La crítica a la ampliación de la universidad pública y gratuita proviene de la aspiración excluyente.

Estemos atentos a los cambios: si muchas veces la consigna fue la defensa de la universidad pública y gratuita, en esta opción no basta con eso, sino que se trata de defender también la igualdad real en el derecho de acceso al saber, como reafirmación de la democracia. La universidad de una sociedad incluyente debe ser pública, realmente gratuita y, por ende, democrática. Seamos conscientes de que en nuestro tiempo la revolución se hace mediante la toma del saber.

Página 12 – Jueves 5 de noviembre de 2015